Hacia una nueva narrativa comunicacional

Por Marco Mazzino

La experiencia comunicacional de los últimos 40 años en la Argentina nos deja algunas certezas para poder pensar lo que viene. La concentración del espectro, promovida y convalidada por el poder político desde los 90, pero anticipada desde la dictadura con el rol que jugaron la mayoría de los medios en el ocultamiento del genocidio político y económico, nos trajo hasta aquí situándonos en una ineludible instancia de toma de decisión política.

Desmembrar el enjambre de medios hegemónicos que supimos darnos en democracia respondiendo en cada etapa a una supuesta demanda de época, que nos trajo como consecuencia la construcción de un dispositivo de poder que opera cuasi como sistema de representación política.

En esta lógica, la experiencia de las últimas dos décadas no solo se concentraron de manera casi total los “canales” de comunicación sino que fundamentalmente, se consolidó la construcción de sentido de los mensajes que la sociedad recibe. La narrativa comunicacional es la narrativa política que impone verdad. 

Los hechos ocurridos en los últimos años en Chile, pero también en Ecuador de repudio por parte de la sociedad a los medios masivos concentrados, que tuvo su máxima expresión en el incendio del El Mercurio de Valparaíso, el diario el más antiguo en circulación del país  trasandino (1827), muestra que la reacción no es solo contra el neoliberalismo como sistema político y económico sino contra la narrativa que los medios hegemónicos lograron imponer para blindar las causas y las consecuencias del sistema de poder moldeado desde el primer mundo y sobretodo desde el norte.

Entonces, los grandes medios imponen su paradigma de época, al ritmo de las necesidades de los intereses económicos que representan y defienden. La disyuntiva no pasa solo por el restablecimiento de un discurso Nacional Popular y Latinoamericano en los medios públicos, que confronte a las corporaciones locales y externas con la construcción de sentido consolidada desde las grandes usinas mediáticas.

Ante esta nueva oportunidad debemos hacer una apuesta fuerte y política a construir un nuevo tejido comunicacional que nos permita restablecer una narrativa propia, conceptual, plural, pero no ingenua. Donde a partir de un proceso de nuevo liderazgo cultural podamos reescribir un saber comunicacional basado en nuestras tradiciones políticas, sociales y culturales. Estas hoy no solo se inscriben en una lógica vieja de interior – metrópolis, sino que nos exigen miradas hacia lo plurinacional, hacia la equidad de género y la resignificación de la idea de sociedad. Tenemos que construir Comunidad.

Por supuesto que debemos debatir y definir un cómo hacer en relación a todas las plataformas comunicacionales de despegue, es decir desde donde sale el mensaje, pero no antes de redefinir y comprender la naturaleza política y económica de los medios, que finalmente se convierten en si mismos en mensajes, desplegando un fuerte sentido hegemónico.

Los medios públicos y comunitarios (Radio Nacional y repetidoras, la TV Pública y las estructuras como el Enacom) son parte central de un sistema desarrollado, conjuntamente con los medios privados. Pero estos medios públicos y comunitarios deben estar protegidos institucionalmente y deben tener garantizado su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de la democracia.

Los medios públicos deben ser medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política partidaria y la presión a partir las fuerzas comerciales.

A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y también entretenidos. La construcción de una nueva mayoría convalidada por la participación popular no debe agotarse en el proceso electoral, sino que debe constituirse en practica permanente, incorporando a todos los actores a la construcción de mensajes, a la generación de contenidos y a la aportación del debate de todos los temas que la sociedad genera. Las tensiones y los conflictos que broten de ese debate también deben ser atravesados por y en el tejido comunicacional para su metabolización, El contrato social y electoral depende de este proceso y por lo tanto la legitimidad de ejercicio de poder político, garantizando pluralismo, diversidad e independencia editorial, financiación apropiada, rendición de cuentas y transparencia, La comunicación pública debe ser la piedra angular de la construcción de democracia.

Asimismo los medios comunitarios o alternativos que son muchos y diversos y que cumplen un valorado rol social y político, y que también deben ser considerados Comunicación Pública, adolecen de tres condiciones que los convierten en inviables en el largo plazo.

La debilidad jurídica en que se encuentran por la falta de licencias, y propiedades intelectuales que les reconozcan sus contenidos, la falta de capacitación profesional de sus cuadros directivos y trabajadores, que generalmente son sus dueños y la ausencia por lo antes dicho, de una política de pauta publicitaria nacional que les garantice independencia territorial para la construcción de un periodismo riguroso y veraz lejos de los feudalismos políticos territoriales.

El poder central debe equilibrar desde la pauta y una adecuada jerarquización jurídica y profesional (capacitación permanente) las hegemonías comunicacionales regionales son hijas de las concentraciones políticas clientelares. Si el poder político local no debe tener el manejo clientelar de los movimientos sociales, tampoco esto debe ocurrir a través de la pauta con los medios locales, que opera en la realidad como una suerte de TARJETA ALIMENTAR.

Democracia Comunicacional

Los medios comunitarios son una gran oportunidad para una verdadera revolución comunicacional a partir del la democratización de la tecnología y el acceso a una visión global de la comunicación.

Como un vehículo alternativo a los medios de comunicación masivos públicos y comerciales, los medios comunitarios permiten una mirada distinta y amplia sobre diferentes cuestiones relevantes para las comunidades a las que sirven. Son medios de comunicación independientes, de propiedad y gestión de las comunidades.

Para poner un ejemplo. Un medio le vende al anunciante televidentes. Y el anunciante entra a consumir esos televidentes. La televisión pública no le vende televidentes al anunciante, le vende contenidos a la gente, ese es su principal “cliente”. El darle importancia al contenido, al individuo donde quiera que esté, esa es su prioridad, por lo cual hay que llegar a todos y todas, no solamente donde está la mayoría que compra. Merecen tener acceso a un medio de comunicación, porque la comunicación es un derecho.

El democratizar la comunicación no es solamente que tengan acceso a un medio de comunicación por el cual reciben información, sino facilitar una comunicación de ida y vuelta. Por eso los avances que se logren hacer en temas de interactividad, a nivel de las nuevas plataformas digitales son de fundamental importancia. El beneficio de esta democratización no tiene que ver tanto con un rendimiento comercial sino con los beneficios sociales. La gente tiene derecho a estar informada de que hay servicios a los que puede acceder, que ponen a disposición campañas de salud, comunicación gubernamental, información educativa, tiene derecho a saber que está incluida dentro el territorio porque está viendo en directo esa información. Eso tiene un valor social muy grande. En definitiva. La comunidad tiene derecho además a participar de un proceso de gobernanza comunicacional

Nuestros medios son una gran inversión, sólo que esto no se expresa en dinero sino en un beneficio social que se va a reflejar a mediano y largo plazo en educación mejorada, en las posibilidades de desarrollo del pueblo, en saber que pueden acceder a ciertos servicios o que estén alertas a ciertos compromisos de salud como la vacunación, el chequeo médico y evitar así que se enferme. Ahí está la rentabilidad social de tener medios de comunicación al servicio de la ciudadanía.

La comunicación, y el periodismo en particular, deben ser rigurosos pero no necesariamente imparciales. No hay que caer en ese juego de decir “nosotros como somos públicos estamos obligados a la imparcialidad”, porque algún contrapeso hay que crear.

Los medios masivos concentrados se convirtieron en los principales opositores de las nuevas políticas públicas de comunicación de contenidos plurales y democráticos.

Uno de los principales deberes de los medios públicos es el sostenimiento del régimen democrático, la visibilización del Estado, porque el Estado no puede ser subvalorado ni menoscabado. Otro rol fundamental es la educación en ciudadanía. A veces pensamos que por generación espontánea surge la democracia, y no: eso hay que enfrentarlo y hay que trabajarlo. Y esta tarea no es una obligación de los medios comerciales o de los privados, es una obligación de los medios públicos que hay que defender. La libertad de empresa esta garantizada por la Constitución, también el derecho humano a la comunicación y a una información de calidad.